Plan de Eficiencia Energética
LEY 21305
La Ley 21.305, publicada el 13 de febrero de 2021, establece un marco jurídico para la eficiencia energética en Chile con el objetivo central de promover el uso racional y eficiente de los recursos energéticos. Reconoce la importancia de esta política pública para disminuir el gasto energético, las emisiones contaminantes, la dependencia energética externa y para aumentar la productividad del país y la seguridad energética nacional. Esta ley es fundamental en la ruta de Chile hacia la carbono-neutralidad al año 2050, donde la eficiencia energética contribuirá con cerca del 50% en la reducción de emisiones.
La ley obliga al Estado a elaborar planes quinquenales, crea obligaciones específicas para grandes consumidores de energía, establece la calificación/etiquetado energético de edificaciones y habilita estándares de eficiencia vehicular y medidas de electromovilidad
Contexto y Motivación de la Ley
El consumo energético en Chile ha ido en aumento constante debido al crecimiento económico y poblacional. Esto genera mayor presión sobre los recursos naturales y aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero, afectando el medio ambiente y la salud pública. Frente a este escenario, la eficiencia energética surge como una estrategia clave para desacoplar el crecimiento económico del crecimiento en consumo energético y emisiones contaminantes.
La Ley 21.305 busca institucionalizar y fortalecer esta estrategia, estableciendo mecanismos claros para promover un uso racional y eficiente de la energía. Además, la ley busca aumentar la seguridad energética, al disminuir la dependencia de importación de combustibles fósiles y mejorar la competitividad de las empresas e industrias nacionales mediante la reducción de costos energéticos.
Objetivos Principales de la Ley
Los objetivos fundamentales que persigue la Ley son:
Promover la eficiencia energética en todos los sectores económicos y sociales del país.
Establecer un marco normativo para gestionar y controlar el consumo energético.
Incentivar la adopción de tecnologías y prácticas eficientes.
Reducir la huella ambiental asociada al uso de energía y contribuir a la meta de carbono-neutralidad para el 2050.
Fortalecer las capacidades institucionales y técnicas para planificar, monitorear y fiscalizar la eficiencia energética.
Fomentar la educación, capacitación y sensibilización ciudadana en torno al uso eficiente de la energía.
Consumidores con Capacidad de Gestión de Energía (CCGE) y sistemas de gestión energética
La Ley 21305 define a los Consumidores con Capacidad de Gestión de Energía (CCGE) como aquellos con consumos elevados que representan más de un tercio del consumo nacional. Estas entidades deben implementar un Sistema de Gestión Energética (SGE), que implica:
Medición y monitoreo detallado del consumo energético.
Identificación de oportunidades de ahorro y eficiencia.
Implementación de acciones concretas para mejorar el desempeño energético.
Reportes periódicos al Ministerio de Energía y a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), que también fiscaliza y sanciona su cumplimiento.
Esta gestión activa busca un uso eficiente y responsable de la energía en sectores industriales, comerciales, públicos y otros, contribuyendo así al cumplimiento de las metas nacionales.
APLICACIÓN EN SECTORES CLAVES
Industria y minería
Estos sectores, que juntos representan una gran parte del consumo energético nacional, están obligados a adoptar medidas de eficiencia energética a través de la implementación y mantenimiento de sistemas de gestión energética.
Transporte
La ley considera medidas que promueven la eficiencia en el transporte, incluyendo el impulso a tecnologías limpias y planeación urbana sustentable.
Edificación y sector residencial
Todas las nuevas edificaciones, tanto residenciales como comerciales o públicas, deben contar con una Calificación Energética o etiquetado que informe sobre su desempeño energético. Esto busca incentivar la construcción y adquisición de inmuebles eficientes, además de fomentar el reacondicionamiento térmico y mejor uso de recursos energéticos.
Sector público
Las instituciones públicas tienen la responsabilidad de implementar gestores energéticos capacitados y realizar gestión activa del consumo energético, a fin de liderar con buen ejemplo en eficiencia.
Beneficios ambientales, económicos y sociales
La Ley 21305 tiene impactos positivos que se extienden a varias dimensiones:
Ambiental: Disminución significativa de emisiones de gases contaminantes y cambio climático, contribuyendo a la carbono-neutralidad proyectada para 2050.
Económico: Reducción de costos energéticos para empresas y familias, mayor productividad y competitividad del país, y menor dependencia de mercados internacionales de energía.
Social: Mejora en la calidad de vida al garantizar un ambiente más sustentable y un acceso más eficiente a la energía.
Además, la ley contempla acotar el uso del territorio para infraestructura energética, manteniendo un desarrollo urbano sostenible.
Fiscalización, sanciones y organismos involucrados
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) tiene un rol clave en fiscalizar el cumplimiento de esta ley, incluyendo que las grandes empresas y consumidores implementen sistemas de gestión energética, reporten consumos y avances en eficiencia, y cumplan con los estándares establecidos. Se contemplan sanciones para incumplimientos y mecanismos para incentivar buenas prácticas.
Impacto esperado en reducción de emisiones y carbono-neutralidad
Se proyecta que la eficiencia energética pueda contribuir con cerca del 50% a la reducción de emisiones necesarias para alcanzar los objetivos de carbono-neutralidad al año 2050 en Chile. La meta inicial de reducir en un 10% la intensidad energética para 2030 es un paso fundamental hacia esta visión.
Proyecciones y futuras actualizaciones
Cada cinco años el Plan Nacional debe renovarse, ajustando metas, planes y acciones según los avances y nuevas tecnologías. Esto garantiza que la política energética sea dinámica, adaptativa y efectiva en el tiempo.
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